Durante un buen tramo del siglo pasado, nuestra sociedad, escasa de organizaciones civiles, participó débilmente en numerosas cuestiones de interés público, lo que dejó el poder de tomar decisiones en manos de instancias gubernamentales y estableció los términos de una relación de dependencia que se extiende ya por varias generaciones, bajo la forma de una carencia que impide a los ciudadanos del nuevo milenio ejercer plenamente sus derechos civiles.
Esta situación ha tenido consecuencias importantes en el ejercicio de los derechos culturales, tradicionalmente sujeto al subsidio público. Define la subordinación de la sociedad civil con respecto al gobierno a partir de las limitaciones de una para incorporar la cultura al aparato productivo y de la incorporación parcial conseguida por el otro al insertar el campo cultural en el educativo y fomentar a la industria editorial y a los medios masivos: prensa, radio, cine y televisión. Los derechos culturales se ejercían bajo la forma del consumo masivo de productos y servicios gratuitos o a precios bajos.
No obstante, los tiempos más reciente muestran una tendencia al aumento de la participación social en todos los ámbitos de la vida colectiva, no sin cuestionamientos a las instituciones oficiales. Las personas se organizan para hacer lo que el gobierno no quiere, no puede o no sabe hacer; con este horizonte, la independencia se acompaña de posturas críticas. Por su parte, con el nacimiento de la Secretaría de Cultura el gobierno reconoce la importancia del sector en el desarrollo nacional; los resultados de su desempeño dirán si está remontando los cuestionamientos sociales o si la crecida la arrastra en su furia.
Puede hablarse de mayor participación social con base en las cifras relativamente recientes, tomadas de Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite de las Instituciones sin fines de lucro de México, 2008-2011. Cambio de año base 2008 (INEGI, 2014).
En 2008, las instituciones sin fines de lucro (ISFL) aportaron 1.96% del Producto Interno Bruto Nacional (PIBN); de esta pequeña porción, dos terceras partes, 1.96%, corrieron por cuenta de las instituciones públicas y el banco central, mientras que el tercio restante (0.74%) se atribuyó a la sociedad civil organizada con fines no lucrativos. Si se analiza por sectores institucionales, el aporte de las instituciones sin fines de lucro (ISFL) muestran la participación gubernamental mayoritaria; ese mismo año el gobierno general produjo más de la mitad (52.7%) del total y las sociedades no financieras aportaron poco más de la quinta parte (21.4%), mientras que una porción mínima (15.8%), provino de las ISFL que sirven a los hogares. Por otro lado, según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), el PIB de las ISFL en México incluye ocho clases, la mayor de las cuales corresponde a servicios educativos (49.9%) y la menor a servicios culturales y deportivos (2.1%).
Más allá de estos guarismos de una década atrás, se hace evidente que la cultura y el deporte no se encuentran entre las prioridades de la sociedad civil organizada. Comparadas con las de 2011, muestran que entre 2088 y 2011 el aporte de las ISFL creció más (20.7%) que el PIB nacional (17.5%) y que lo cultural conserva su insignificancia. Según la Clasificación Internacional de las Instituciones Sin Fines de Lucro (CIOSFL), la mayor participación porcentual en el total de su producción le sigue correspondiendo a las actividades relacionadas con la enseñanza y la investigación (51.9%), mientras que las de cultura y recreación aportan un porcentaje mayor que tres años antes pero pequeño en el conjunto (3.3%), por encima solamente del aporte de Otros grupos (0.1%).
Sin entrar en sus vericuetos metodológicos, estas mediciones dividen su objeto de estudio en ISFL públicas y privadas. Involucran una encuesta para cuantificar el valor económico del trabajo no remunerado; en las privadas se pregunta cuántos voluntarios y cuántas horas trabajan; en las públicas se pide información de sus programas de voluntarios. El trabajo sin pago económico cumple su objetivo en estas organizaciones cuando logra beneficiar a sus integrantes o a su comunidad. Sus resultados le dan y le quitan valor simbólico. Pero su valor económico equivalente creció de manera significativa en el periodo.
Pese a la menuda presencia en términos numéricos de las actividades culturales, la de la sociedad civil en organizaciones no lucrativas ganó importancia en el panorama productivo nacional. Del 1.98% de 2008 pasó a 2.66% del PIBN.
Los adelantos de la Ley de derechos culturales que permite atisbar el Documento orientador elaborado por una comisión especial sugieren que esta participación puede incrementarse, pues reconoce el doble valor económico y simbólico de las actividades culturales. Se abren posibilidades de enriquecer el sentido de la independencia con experiencias sociales positivas, basadas en resultados concretos que permitan partir hacia nuevos horizontes.
