Resulta contradictorio que México sea el segundo país más peligroso del mundo para la profesión periodística, sólo debajo de Siria, y por otro lado, se haya promulgado una Ley de seguridad interior.
Ley que como sugiere, intenta ofrecer seguridad a una sociedad que curiosamente no puede soportar la serie de informaciones periodísticas que dejan ver una realidad que como hemos dicho en otro momento, se calla, se mata.
La contradicción radica, a nuestro parecer, en lo inverosímil de una ley cuando no se tienen las garantías y los derechos asegurados para la libre comunicación y manifestación de la información.
En otras palabras, no se puede entender que se avale una nueva ley, por cierto, rechazada incluso por instituciones y otras naciones que no ven con buenos ojos lo que representa.
Y no se puede entender porque se está actuando de manera inversa, donde se antepone una ley y su ejecución, de por sí cuestionable, al ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión.
Es como si a un niño antes de que abra la boca se le indique en tono autoritario, que antes de sus palabras, antes de su libertad, existe una ley que lo va proteger de lo que diga o haga.
Entonces lo que obtenemos es represión sin lugar a dudas; no hace falta mucho análisis al respecto: terminamos el 2017 con más periodistas muertos o desaparecidos en comparación a países que se encuentran en situación de guerra.
Aparece una ley encaminada a prever la seguridad del país, pero no una ley que asegure la libertad y seguridad del periodismo, como labor social y cultural, lo cual sugiere no ser de importancia para quienes hacen las leyes.
Aquí lo que parece importar es asegurar lo interior, lo interno, como una alegoría a que por dentro se está mal, hay inseguridad, y por lo tanto, es menester colocar y hacer funcionar lo que se considera, de acuerdo a las autoridades, lo único confiable, es decir, el ejercito.
Qué gusto sería escuchar lo que tengan que decir las personas uniformadas que se visten de verde. Saber que piensan al respecto, escuchar lo que para ellos representa salir a las calles y obedecer nuevas órdenes para las cuales no fueron formados.
Pero regresemos al tema del periodismo en México, ¿cómo coloca al país esta descripción sobre la violencia a periodistas respecto a los derechos humanos?
Se calla lo que estorba, lo que disturba lo supuestamente bien establecido, pero el costo no es bajo. Estamos hablando de que en adelante, lo que queda en entredicho son dos cosas al menos: libertad y manifestación.
El riesgo es obvio por más que se quiera tapar con un dedo, y el riesgo se ubica en tanto lo que se pierde. La libertad y la manifestación como vías para el cambio de una sociedad, su mejoramiento, pero sobre todo, su cuestionamiento.
Nos parece que incluso más allá de la pérdida de la libertad y la manifestación, encontramos el decaimiento del poder de cuestionar lo que nos rodea, y si tal cosa funciona –en un sentido maquinal-, los costos son altos a largo plazo.
No es de dudar que en un tiempo no muy lejano, basados en las supuestas leyes, las personas, la sociedad misma, dejen de cuestionar lo que se les impone. Sin mayores miramientos, sin resistencia alguna, simplemente aceptar sin cuestionar lo que se dice ser mejor.
Y cómo cuestionar, si lo que apunta la dirección que está tomando el país se dirige al silenciamiento de los actores sociales que tienen como meta y responsabilidad informar lo que sucede: los periodistas.
Por eso insistimos en la noción de represión que se abalanza sobre nosotros. Un país que contradictoriamente se considera garante de la libertad. Tal cosa no existe en la historia.
Como en el caso de los niños, hablando de normas y leyes, en la educación se sabe que si a éste se le reprime desde temprana edad los efectos resultan duraderos.
Y por supuesto, como versa en análisis de Morton Schatzman (El asesinato del alma, 1977), si la norma vestida de educación es en tono agresiva, intrusiva, los efectos no sólo son duraderos, sino hasta en beneficio de un sistema de vida.
En conclusión, es importante hoy tomar en cuenta el sentido de los asesinatos y desapariciones de periodistas, y en el mismo contexto la implementación de una ley de seguridad, en un país que no brinda ninguna seguridad a la libertad y a la manifestación.