Una de las decisiones más importantes del Senado de la República durante este segundo año de la LXIV legislatura, y quizá de los seis años de su periodo, es la elección de la persona que habrá de encabezar los esfuerzos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo comprendido del 16 de noviembre próximo al 15 del mismo mes en 2024.
Los senadores que conforman las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia se dieron a la tarea de escuchar los planes de trabajo de las 57 personas que aspiran a ocupar el cargo y, de la nada, propusieron a los tres que, según ellos, son los mejores perfiles para responsabilizarse de tan importante encomienda.
Se trata de Arturo de Jesús Peimbert, ex titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien ha sido cuestionado por antecedentes de violencia intrafamiliar y por su “defensa” de las garantías individuales en la tierra de las tlayudas, el mole amarillo y, por supuesto, el mil veces bendito mezcal de gusano; José de Jesús Orozco Henríquez, especialista en derecho constitucional, derechos humanos y derecho electoral, un académico de cepa emergido de nuestra mil veces gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México y dos veces presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de formar parte del propio consejo consultivo de la CNDH y, por último, pero no por ello menos importante, María del Rosario Piedra Ibarra, cuyo gran mérito es ser hija de la activista y luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, una mujer muy, muy, muy cercana al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El panorama se antojaba difícil desde que dieron a conocer la tríada. De hecho, miembros de las propias comisiones hablaron de “falta de transparencia y apego a la legalidad en el proceso”.
Al parecer, solo al parecer, se empecinaron en cumplir con las demandas de diferentes voces a propósito de las cualidades que debe reunir el próximo responsable de la promoción y defensa de los derechos humanos en este nuestro agrietado país… y las hallaron. El pequeño gran problema es que son características de diferentes personas. Lo peor no es eso, sino la simulación.
Imagine por ejemplo que además de violencia intrafamiliar, el oaxaqueño se vio involucrado en un caso de violación de derechos laborales el año pasado, cuando uno de los trabajadores en la Defensoría que detentaba, Juan Pablo Ceja Gutiérrez, fue despedido luego de 12 años de servicio y sin justificación aparente. De hecho, el ex empleado le señaló entonces como el principal violador de derechos humanos de Oaxaca.
Orozco Henríquez, por el contrario, cuenta con todas las cartas académicas y experiencia, su gran problema es precisamente el perfil del que las organizaciones civiles desean deshacerse, quieren a alguien con excelente formación, pero también que conozca de primera mano el viacrucis que las víctimas enfrentan cada día todos los días en este México tan violento y nuestro.
Piedra Ibarra es hija de una de las activistas más visibles en el país, pero carece de las cualidades de sus contrincantes, de experiencia en el servicio público y ni hablar de los “tecnicismos” que el puesto demanda para cumplir a cabalidad con sus objetivos. Pero su mamá es amiga del Presidente.
Como señalé, estimados cinco lectores, la propuesta de tres no cayó nada bien a nadie y los cuestionamientos no se hicieron esperar al interior del Senado. De hecho, no fueron pocas las voces de la sociedad civil que acusaron riesgo en cualquiera de los tres perfiles y fueron secundadas por especialistas, defensores de derechos humanos, académicos e investigadores.
Los senadores votaron y los mariachis callaron ¡dos veces! Ninguna de las propuestas acumuló la cantidad de votos requerida durante dos ejercicios de selección (dos terceras partes del total de legisladores: 128), así que los aludidos determinaron que una tercera votación sería ideal el martes 5 de noviembre pero -porque siempre hay un pero que vale-, las mismas voces que cuestionaron esta primer terna, exigen ahora una segunda que reúna los requisitos de experiencia, conocimiento, preparación y empatía (por describirlos en apenas cuatro palabras).
Menuda encrucijada enfrenta ahora el Senado. Las organizaciones civiles coinciden en que la opción real para la CNDH debe surgir de una segunda terna conformada por personajes que traen bien puesto el corazón en la defensa de los derechos humanos, cuentan con experiencia real en el tema y además tienen el apoyo de cientos de sus organizaciones. Los nombres que barajan para esta nueva alternativa son Michael William Chamberlin Ruiz, Elizabeth Lara Rodríguez y Ricardo Antonio Bucio Mújica.
Las mismas voces hablan de género… dicen que una mujer debe estar al frente de la CNDH… a ver qué deciden finalmente nuestros estetas de la ridícula y cuestionada Cámara alta.
Desde Chiapas
Rutilio Cruz Escandón Cadenas dice estar empecinado en recuperar la confianza en las instituciones.
Quizá por eso en su reciente encuentro con su gabinete lanzó un exhorto a los servidores públicos para cumplir a cabalidad con su chamba y aplicar los recursos de manera responsable y transparente. Incluso llamó a mantener la política de austeridad para ahorrar recursos y destinar estos ahorros a financiar programas sociales para beneficio de la población que más lo necesita. Lo mejor fue la advertencia: no permitirá abusos ni gastos que no se justifiquen para el desarrollo de Chiapas y sacar así a esta entidad del rezago en que quedó a consecuencia de injusticias y abandono gubernamental.
“Tenemos el gran reto de que Chiapas deje de ser el estado más pobre; somos un estado rico, lamentablemente los gobiernos federales del pasado vieron a Chiapas como la caja chica. Es hora que demostremos que estamos sirviendo a la Cuarta Transformación de la vida pública del país, pero no con retórica, sino con acciones contundentes, no podemos defraudar la confianza del pueblo, por eso estamos erradicando la corrupción y la impunidad”.
El gobernador, al parecer, sabe de qué lado masca la iguana y por ello reconoció también la necesidad de seguir sumando esfuerzos con la Federación y los ayuntamientos, así como con los otros poderes en el estado “para lograr mayores beneficios” que se reflejen en desarrollo y progreso en la tierra de la marimba y los jobos, especialmente en temas como seguridad, salud y educación.
Veremos…
