Muchos cientos de personas marcharon ayer domingo en Reforma en repudio a la decisión de los legisladores mexicanos para aprobar eso que llaman “Ley de Seguridad Interior”, querían llegar a la casa más importante de este país (aclaro: importante por lo que representa, no por su inquilinaje) para que ahí también pudieran leer alguna de las leyendas en sus pancartas porque a final de cuentas tienen razón: “ya basta de hacernos la guerra a nosotros mismos”.
Y había, como en toda marcha y manifestación que se respete, toda clase y cantidad de textos y voces y gritos y consignas cargadas de verdades que pudieron haber incomodado a algunos porque es cierto: “si usa mano dura, se llama dictadura”.
En el “novedoso” ordenamiento, se detalla que la acción de las fuerzas armadas en un determinado punto de la geografía nacional será por un año y podrá ampliarse solo si el presidente considera que en el lugar en que se encuentran destacados sigue habiendo amenazas a la “seguridad interior”, pero las voces en contra no están de acuerdo: “no al Ejército, sí al diálogo”.
A ello hay que sumar que se permite el absoluto uso de la fuerza a los soldados y les autoriza a usar técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de guerra para “controlar, repeler o neutralizar” resistencias, lo cual, por supuesto, no es bien visto ni dentro ni fuera del país. Por eso los manifestantes de ayer alzaron la voz: “esa ley no da seguridad, lo único que quiere es permiso para matar”.
En el texto que aprobaron los legisladores del PRI y sus comparsas, se especifica que cuando los elementos castrenses se den cuenta de la comisión de un ilícito, lo harán saber al Ministerio Público para que este intervenga y solo se limitarán a resguardar el sitio de los hechos hasta que llegue la autoridad civil, pero la gente, la población que enfrenta las ocurrencias cotidianas de quienes dicen gobernar y deciden por la mayoría, a final de cuentas tiene razón: “ya estamos hartos, el gobierno nos oprime, nos exprime y reprime”.
Lo peor es que en la redacción del texto se autoriza a federales y militares para que lleven a cabo “actividades de inteligencia” por medio de “cualquier método lícito de recolección de información”. Por supuesto detalla que “las Fuerzas Armadas podrán intervenir en amenazas a la seguridad interior cuando estas comprometan o superen las capacidades de las autoridades, y cuando hayan amenazas originadas por la falta o insuficiente colaboración de las entidades y municipios en la preservación de la seguridad nacional”.
Por eso las voces discordantes en los organismos nacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, por eso la afirmación y la consigna: “un Estado militar es el comienzo de una dictadura y genocidio”.
Intentaron llegar a Los Pinos, pero no pudieron gracias a centenares de policías y vallas de seguridad y el miedo de alguien para hablar con los que gobierna, entre los que se cuentan estudiantes, académicos, activistas sociales y otros muchos sectores de esta sociedad amenazada y encolerizada con decisiones y frases y personas absurdas.
Afortunadamente no todo está perdido. Cabe la posibilidad (remota, pero posibilidad al fin) de que el personaje que detenta el Poder Ejecutivo federal “pueda emplear su facultad de veto para detener la entrada en vigor de una norma que ha generado un rechazo unánime”.
De acuerdo con el Instituto de Justicia Procesal Penal, una Asociación Civil conformada por expertos reales en materia de leyes y derechos humanos, hay además otra alternativa que consiste en que aquellos legisladores que se han manifestado en contra de tal ordenamiento, presenten una acción de inconstitucionalidad; también “la CNDH, en concordancia con sus posicionamientos críticos sobre la Ley, también podría presentar dicha acción; y los municipios y gobernadores que en un ejercicio de soberanía entiendan que esta Ley amenaza sus facultades, también podrían interponer una controversia constitucional. La presentación de estos mecanismos es indispensable para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda analizar esta norma”.
Confío en que la cordura encuentre acomodo en algunas cabecitas sucias y perversas y logren percatarse de lo socialmente importante, porque es cierto: a final de cuentas alguien debe ser más inteligente y mostrar abierta disposición a la cordura, limitando el actuar del torpe que pretende apagar fuego con gasolina…