Pues sí.
¡Hay que enjuiciar a los expresidentes! ¡Simón, cómo chingaos no!
Para eso el pueblo sabio y encabritado “se volcó” a las improvisadas mesas de votación habilitadas para exigir, o avalar en su caso, tal demanda.
¿Qué, qué? ¿Que la consulta tiene que ser ratificada, aceptada o avalada por el Poder Judicial Federal? Pasita papá. Yo me encargo que para eso de las no revanchas ni venganzas me pinto solo.
El Poder Judicial Federal hizo lo que tenía que hacer –oficializar la ocurrencia-, y la respuesta no cayó muy bien para muchos por igual cantidad de razones. La fundamental: la aplicación de la justicia no debe ser sometida a la consideración del pueblo; las instituciones deben actuar y ceñirse al marco legal. Guste o no. Se quiera o no.
Así de simple.
El punto es la actuación de los ministros en la Suprema Corte de Justicia al momento de debatir el tema. Al final estuvieron a favor Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos-Farjat. En contra hicieron lo suyo Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña Hernández.
Eso sí, para que se notara la valentía, el arrojo, independencia y libertad de uno de los tres poderes en que se cimenta la democracia mexicana, los ministros cambiaron el cuestionamiento inicial de nuestro amado superpeje.
La pregunta inicial era: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante de después de sus respectivas gestiones?”.
Con las modificaciones, ahora se planteará a los mexicanos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Y la gran duda que permea en este vacío de nuestra amada República (saludos a mi hater) es: ¿desde cuándo se necesitan consultas avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aplicar la ley?
Ese es el gran cuestionamiento surgido y así lo plantearon varios actores, como el senador del PAN por Veracruz Julen Rementería del Puerto (sí, del Puerto es su apellido), quien no dudó en evidenciar su iramolestiadecepcióncoraje en sus redes sociales: “En Julio de 2021, los mexicanos tenemos que mandar un mensaje muy claro no sólo al Presidente, sino también a los 6 ministros de la SCJN que hoy votaron a favor: Los mexicanos NUNCA vamos a permitir que nuestro país se convierta en la dictadura de un solo hombre y sus aliados”.
Nuestro muy estimado representante popular se atrevió a afirmar: “Lo que vimos y escuchamos de estos seis ministros fueron posiciones y argumentos políticos y no jurídicos. Es verdaderamente lamentable y vergonzoso lo que ayer sucedió: el sometimiento de estas seis personas al poder presidencial”.
Veremos, porque junto con el PRI, aunque no con el mismo grado de responsabilidad, fueron precisamente esos partidos los que dieron forma a lo que hoy tenemos. En todos los sentidos de la afirmación.
La iniciativa privada no se quedó atrás. La Confederación Patronal de la República Mexicana manifestó su postura de inmediato: El cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a la consulta o decisión popular, y los órganos públicos competentes, deben ejercer sus atribuciones, especialmente las de investigar y en su caso perseguir los delitos, con base en elementos objetivos, y sin consideraciones políticas de ninguna especie.
Además de diversas consideraciones legales basadas en normas nacionales e internacionales, Coparmex puso el dedo en la llaga: “implica un derroche de recursos económicos innecesarios, en momentos en que las acciones de gobierno requieren atender en forma prioritaria otras necesidades de la población”.
Al final optaron por alinearse a eso que llaman “Estado de Derecho” y respetar la decisión con todo y su disentir sobre el criterio adoptado por la mayoría de los Ministros de la SCJN.
Ni modos, así es esto de las gelatinas, unas cuajan y otras no.
La de la 4T, ni duda cabe, es perfecta… aunque solo para pocos “algunos”.
Un ladrido…
A todas las personas en la península de Yucatán: para quienes lo hacemos, están en nuestras oraciones; para quienes no, están en nuestro corazón. ¡Fuerza y ánimo!
Twitter: @aldoalejandro