La reciente demanda de TikTok contra el gobierno federal de Estados Unidos por la ley que obligaría a vender la aplicación, argumenta que solo busca proteger los datos personales de millones de ciudadanos estadounidenses que utilizan estas plataformas, y que el objetivo no es forzar su cierre, sino asegurar que los datos estén bajo control de entidades que respeten la privacidad y seguridad de la información. Sin embargo, esta postura plantea interrogantes importantes sobre la verdadera intención detrás de estas acciones ya que plantea preguntas profundas sobre la constitucionalidad de las medidas gubernamentales en el ámbito tecnológico.
La empresa matriz, Byte Dance, propietaria de TikTok, ha impugnado la ley firmada por el presidente Joe Biden como parte de un paquete de asistencia internacional, argumentando que es «tan obviamente inconstitucional» que sus patrocinadores intentan disfrazarla como una regulación de la propiedad de TikTok en lugar de una prohibición directa. La ley en cuestión estipula que Byte Dance debe vender TikTok en un período de nueve meses, con una extensión de tres meses si la venta está en proceso. No obstante, Byte Dance ha declarado que no tiene planes de vender TikTok.
En medio de esta intensa lucha política, Estados Unidos se encuentra inmerso en una batalla gubernamental que trasciende los límites de la esfera política tradicional para adentrarse en el mundo digital y económico. Esta contienda no solo plantea serias preocupaciones en términos de estabilidad económica nacional, sino que también arroja una sombra de incertidumbre sobre los creadores de contenido y los empresarios pequeños que dependen de las aplicaciones para subsistir.
Es decir, la actual batalla política plantea un escenario desafiante para estos actores clave. Las disputas regulatorias y las amenazas de restricciones gubernamentales pueden generar un clima que ahogue la creatividad y obstaculice el crecimiento del mercado de las redes sociales que anualmente dejan una derrama económica de millones de dólares.
En el tema de audiencias, ¿qué sucedería si la aplicación se prohibiera en Estados Unidos? A primera vista, puede parecer que hay muchas alternativas en el vasto mundo de las redes sociales como YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook y otras plataformas que ofrecen funciones de creación de video similares a TikTok, pero la realidad es más compleja.
La transición de una gran audiencia de una plataforma a otra es un desafío considerable, especialmente en términos de monetización. Cada plataforma tiene su propio esquema de ingresos, lo que podría dificultar que los creadores de contenido reconstruyan sus negocios si se ven obligados a abandonar TikTok.
Además, la pérdida de acceso a la aplicación tendría un efecto negativo en otros países, ya que las actualizaciones y descargas de la aplicación estarían limitadas debido a su distribución a través de App Store y Google Store, empresas estadounidenses sujetas a las regulaciones del gobierno de EE.UU.
La aplicación en cuestión ha sido un pilar fundamental en la vida diaria de millones de personas en todo el mundo. Gracias a su algoritmo ingenioso y su capacidad para hacer que el contenido llegue a una audiencia masiva, ha servido como un vehículo para la expresión creativa, el intercambio de ideas y la conexión entre personas de diferentes rincones del mundo.
La disputa entre TikTok y el gobierno de Estados Unidos no solo plantea preguntas sobre la constitucionalidad de la legislación tecnológica, sino que también resalta las complejidades de la competencia y la regulación en un mundo cada vez más interconectado.
La resolución de este conflicto tendrá consecuencias significativas tanto para la industria tecnológica como para los generadores de contenido y usuarios de todo el mundo, incluido México.