Estoy sumamente agradecido con el presidente peña por haber guardado un minuto de silencio como respuesta al cobarde asesinato de otro colega y “por todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente, en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber”.
Por supuesto, me refiero al discurso oportunista, lisonjero y, a todas luces, tardío, del Ejecutivo federal por el caso de Javier Valdez, quien no es el único periodista asesinado recientemente en México, aunque su homicidio le ha convertido en el rostro de un gremio perseguido, depreciado, violentado, ignorado y burlado.
El 17 de mayo, dos días después del asesinato, el señor presidente tuvo a bien citar a una reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores a la que hasta nombre le pusieron: “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos”, evento mediático en el que lanzó nuevas arengas y reiteró viejos compromisos: “De cara a los retos que enfrentamos en la lucha contra el crimen organizado, México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión. México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. México tiene que distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos…”.
El discurso fue bien emotivo y hasta proporcionó cifras oficiales relacionadas con la protección a periodistas y a defensores de derechos humanos que no voy a repetir aquí. También habló de un montón de cosas que van a hacer para garantizar el actuar de unos y otros y salvaguardar la integridad física de esos unos y esos otros: más recursos, un algo que llamó “esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación”, fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (con más personal, capacitaciones a ministerios públicos, policías y peritos); “derecho a la verdad y acceso a la justicia”; más coordinación; creación de ministerios públicos especializados; protocolos homologados en todo el país, y demás, para “fortalecer las capacidades institucionales para brindar un entorno de seguridad y dignidad a la labor periodística”.
Estaba bien en su papel y siguió con un poquito más de demagogia antes de concluir: “no podemos permitir como sociedad, y menos como Gobierno, la censura ni las restricciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión, ni de las nuevas plataformas digitales”, así dijo el jefe de Rosario Robles, la “servidora pública” que en agosto pasado afirmaba que “los periódicos solo sirven para matar moscas y limpiar vidrios”.
¿Otra joya del primer mandatario? Por supuesto, sobran: “Tengan certeza de que estos crímenes no quedarán impunes, y la labor que ellos realizaron porque la verdad siempre se conociera no será en vano, ni habrá de quedar en vano que ellos lamentablemente hayan perdido la vida”.
Luego de escucharle, no tengo más que aplaudir su gallardía, compromiso y solidaridad, así que ¡malditos sean quienes duden de las buenas intenciones y los compromisos de papel! Yo sí confío en su majestad y en todo su séquito. Yo sí creo en la amabilidad de la clase política y en su disposición para encarar los cuestionamientos de los periodistas; en el férreo compromiso del aparato de justicia para llegar a eso que llaman “las últimas consecuencias”; también en el decidido apoyo de las autoridades de los tres niveles para facilitar el trabajo de los colegas y en que el largo brazo de la ley alcance por fin a todos esos pinches vendepatrias, asesinos, rateros y mediocres vividores del aparato oficial…
Por eso el compromiso presidencial fue público: “Lucharé hasta el último día de mi mandato a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita”, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2018. Afortunadamente, cada día falta menos…