El 6 de abril de 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo inició una investigación por presuntas violaciones a las garantías de tres personas detenidas por elementos de la entonces Unidad Especializada en el Combate al Secuestro adscritos a la Procuraduría General de Justicia estatal, a quienes señalaron por haber incurrido en supuestos actos de tortura.
El organismo defensor de derechos humanos hidalguense hizo lo que sabe hacer y un año y meses después, el 21 de agosto de 2018, concluyó archivar el expediente de queja sin haber encontrado responsabilidad alguna en el actuar de los funcionarios involucrados.
Los quejosos no estuvieron conformes con la decisión, así que presentaron un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 12 de septiembre de 2018, argumentando que no hubo una investigación exhaustiva y que la decisión del ombudsman hidalguense fue tomada a partir de supuestas contradicciones en las declaraciones rendidas en la causa penal.
Lo peor, a decir de los quejosos, es que no se tomó en cuenta que especialistas del Tribunal Superior de justicia de Hidalgo les aplicaron el Protocolo de Estambul (un manual de la ONU para investigar y documentar los incidentes de tortura y otras formas de maltrato, elaborado por más de 75 expertos en leyes, salud y derechos humanos por más de 40 organizaciones de 15 países que establece consideraciones a tomarse en cuenta durante evaluaciones médico/psicológicas para identificar las causas y consecuencias de lo que puede llegar a configurar el delito de tortura), el 9 de febrero de 2018: los resultados “fueron positivos y compatibles para personas que fueron víctimas de tortura”.
La CNDH hizo su trabajo y determinó que el organismo hidalguense investigó de manera inadecuada el expediente de queja, al “acreditar fehacientemente violaciones a derechos humanos”.
De acuerdo con la recomendación 25/2020 dirigida al organismo hidalguense, la CNDH señala que “no investigó el caso de forma exhaustiva y profesional, toda vez que omitió solicitar la intervención de personal especializado y desestimó que las víctimas hubieran sido objeto de actos de tortura, pese a que diversos testimonios y pruebas, incluyendo dictámenes periciales dieron cuenta que mostraban señales inequívocas de afectación física y emocional, mismas que son contemporáneas con la fecha en que fueron detenidos”.
Además, el documento emitido por la CNDH detalla que su par hidalguense no investigó aspectos primordiales para la acreditación de violaciones a derechos humanos, como las condiciones en que estuvieron arraigados, la asistencia legal que recibieron al firmar sus declaraciones, el haber notificado solo a una de las víctimas el informe rendido por dos de los elementos que participaron en su detención, así como el acuerdo de conclusión del expediente de queja, “además de que valoró de manera inadecuada las declaraciones que rindieron dentro de la Causa Penal y no se allegó de pruebas que resultaran plenamente válidas y realizadas por personal profesional”.
Ante tal cantidad de inconsistencias, se recomienda al presidente de la Comisión Estatal la reapertura del expediente para seguir con la investigación y capacitar al personal encargado de la integración de expedientes de queja sobre los temas relacionados con la investigación de posibles actos de tortura.
Dicha Recomendación ya fue notificada al organismo hidalguense. ¿La aceptarán?
Un ladrido
Pues sí. La violencia ha sido el pan nuestro de cada día desde hace mucho, mucho tiempo. Solo por recordar, 2018 fue declarado el “año más violento en la historia del país” al haberse registrado 34 mil 202 personas asesinadas; luego, el 2019 fue declarado “el año más violento en la historia del país”, con 35 mil 588 casos. En este 2020, hasta el primer semestre, la cifra llega ya a 17 mil 982 homicidios y va que vuela para convertirse en “el año más violento en la historia del país”.
Es evidente que el chiste ese de “abrazos, no balazos” fue claro solo para la llevada y traída cuarta transformación, porque los demás, incluyendo todos los bandos existentes en nuestra polarizada República, no lo entendimos.
Ustedes, mis apreciables ocho lectores y lectoras, ¿consideran que es mejor seguir buscando culpables o encontrar soluciones?
Algunos, como el más reciente e icónico caso del ladrón en el colectivo del Estado de México, tomaron una decisión…