Hace unos días se dio cuenta de la exigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala para que Silvano Aureoles Conejo, el flamante gobernador perredista michoacano, renuncie al cargo. Lo califican de represor y lo responsabilizan por el homicidio de tres indígenas de Arantepakua, en el municipio de Nahuatzen, lugar cuyas comunidades enfrentan conflictos políticos, electorales, partidistas y agrarios, entre otros, así como del encarcelamiento de casi cuatro decenas más.
El titular del Ejecutivo estatal en Morelos, Graco Ramírez Garrido, ha sido señalado por sus pretensiones de comercializar espacios protegidos y facilitar el desarrollo de viviendas. Lo peor en esa entidad donde el turismo encuentra la eterna primavera -dicen-, es que el señor gobernador ha logrado conjuntar en su contra a académicos, políticos, religiosos y líderes sociales, quienes acusan y denuncian impunidad, hartazgo, revanchismo e incumplimiento de compromisos en diversos frentes de su administración.
Eruviel Ávila Villegas, el todopoderoso ex presidente municipal de Ecatepec hoy encumbrado en la gubernatura del Estado de México y aspirante a ocupar algo más en el gobierno federal, tampoco las trae todas consigo. Le señalan por un “barco pirata” en el sur de su estado, una obra millonaria inaugurada por él hace dos años y hoy en el olvido; por el alto, altísimo, índice de inseguridad en el territorio que gobierna, y por ser parte de una especie de operación “encubierta” para mantener al partidazo en el control absoluto de su bastión más representativo con otro Del Mazo al frente. Algunos dicen que habría que aplaudirle su “Universidad de la Experiencia”, y otros hablan de dudas, incumplimientos y autocomplacencias.
¿También hay que hablar de la fuerza y varonil presencia de Manuel Velasco? No creo.
Los gobernadores. Finísimas personalidades en este asaltado país.
Si gusta, hay una nota bastante ilustrativa a propósito del cochinero de estos sujetos en http://bit.ly/2ogRcJw.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la corrupción y el incremento de eso que la clase política en el poder gusta denominar “deuda pública”, son los problemas más severos que enfrentan todas las entidades federativas del país, aunque especialmente señalan focos rojos en Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco, Chiapas, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua…
Por eso la fuerza de las Organizaciones de la Sociedad Civil y la importancia de la misiva destinada en enero al presidente peña, al procurador general de la República y al secretario de Hacienda: La incertidumbre y un creciente descontento social han marcado el inicio del año. Esta situación, que está llegando a un punto insostenible, es derivada de años de mala planeación, corrupción, impunidad e inacción de las altas esferas de poder. Las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal son cuestionadas por la población porque resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible, cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos estratosféricos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos, y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores, siguiendo la lógica de sólo hacer un uso y abuso del poder para fines privados.
Todo eso es triste y preocupantemente cierto.
Ahí están fugitivos y señalados. Unos escondiéndose y otros aprovechando oportunidades en otros partidos, llenándose el hocico de mentiras repetidas (en el mejor de los casos) y enriqueciéndose, la gran mayoría.
El IMCO también sigue muy de cerca la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) y su reporte es preocupante: Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco no han iniciado el proceso de construcción de su Sistema; 16 estados aún no tienen una propuesta de ley para diseñar sus SLA, y, lo peor, solo Puebla, Nayarit y Chiapas tienen la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus SLA.
IMCO presentó el 28 de febrero pasado el Semáforo Anticorrupción, un monitoreo ciudadano de los Sistemas Locales: 10 estados con reforma constitucional satisfactoria; dos con Ley del Sistema Local Anticorrupción y tres con problemas graves en sus reformas constitucionales y otros no lo tienen. De hecho, cuatro ni siquiera han iniciado el proceso de construcción de su SLA (Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco), y tres (Morelos, Jalisco y Veracruz) mantienen la inconstitucionalidad de sus reformas.
Ese es el compromiso de la bola de inútiles contra la corrupción; del gobierno federal mejor ni hablemos…