Este asunto de consultar al pueblo para tomar decisiones sobre situaciones de relevancia para el país, me parece un ejercicio democrático digno de primer mundo por la nada despreciable oportunidad que se brinda a cada componente de opinar, elegir y hasta contribuir en eso que llaman la toma decisiones.
La medida hace que uno, simple mortal tradicionalmente desestimado por la clase gobernante (excepto en época electoral), se sienta parte de este todo tan ofensivamente desigual que llamamos patria.
Quizá por eso había tantas sonrisas y bonhomía hace unos días, cuando algunos salieron a opinar sobre el sitio idóneo para establecer una terminal aeroportuaria internacional para la capital del país: ¿continuar con las obras en Texcoco o solo aprovechar y mejorar la infraestructura ya existente?
El pequeño problema es cuando una consulta de tal tamaño y relevancia es ideada, convocada, organizada, ejecutada, dirigida, resguardada, protegida, evaluada, calificada y aprobada por los mismos que la idearon, convocaron, organizaron, ejecutaron, dirigieron, resguardaron, protegieron, evaluaron, calificaron y aprobaron.
Si a todo eso agregamos una pequeña dosis de mevalemadrismo y unas gotas de revanchismo y terquedad, tenemos una combinación tantito menos que explosiva, en especial si se cae en la cuenta de que fue convocada por un partido, no contó con una metodología, no involucró a todos y careció de cualquier rasgo de rigor científico. Del aspecto legal mejor ni hablamos.
¿Quihubo? Lo más chistoso de todo es que don presidente electo ni sufre ni se acongoja. Andrés Manuel López Obrador no tiene el poder todavía, es cierto, pero se ha dado el lujo de hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere, sin que haya autoridad, ley o reglamento alguno que se lo impida.
Y ya avisó: adiós Texcoco, hola Santa Lucía.
Y no solo eso. Desde endenantes dijo que viene una nueva forma de gobernar, la de mandar obedeciendo, según él, y con “severas” medidas de ahorro en la administración pública.
Por eso en el primer círculo de cada dependencia y organismo que llegará con él, han recibido ya la llamada “Guía y criterios generales para el inicio y continuidad de la administración”, un instructivo para unificar criterios en la administración pública federal en materia de recursos humanos, materiales y financieros, así como servicios generales.
Dicho documento detalla que desde el viernes 19 de octubre los titulares de las dependencias debieron haber presentado la reestructura organizacional de plazas de confianza para el sector central, dependencias y órganos desconcentrados, la cual deberá generar una disminución del 70 por ciento en plazas de segundo y tercer nivel jerárquico.
Al 31 de diciembre de 2019, “los titulares de las dependencias deberán haber gestionado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública la formalización de los ajustes de la estructura para dependencias y órganos desconcentrados” y a más tardar el 31 de marzo de 2019 “los titulares de las entidades paraestatales deberán haber realizado las gestiones correspondientes ante sus órganos de administración para la autorización de la modificación a la estructura organizacional, la cual deberá generar un 70% en plazas desde Dirección General Adjunta, la cual deberá seguir la estrategia de centralización de funciones de la nueva administración”.
Pero hay más. “La Oficialía Mayor de la SHCP deberá presentar un ahorro equivalente de al menos 30% en plazas y costos entre la organización actual y propuesta de todas las actuales Oficialías Mayores y áreas equivalentes en entidades, sin considerar las áreas de Tecnologías de Información y Comunicaciones; además de los ahorros por cambio de tabulador”, mientras que la Secretaría de la Función Pública deberá presentar un ahorro equivalente de al menos 30% en plazas y costos entre la organización actual y propuesta de todos los Órganos Internos de Control; además de los ahorros por cambio de tabulador.
Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal deberán generar ahorros para el ejercicio fiscal como sigue: al menos un monto equivalente al 30% de los costos de las plazas de confianza actuales, debido a la reestructuración; un monto adicional por el ahorro generado por el cambio del tabulador en las plazas de confianza en la estructura propuesta.
A más tardar el 30 de noviembre de 2018, la SHCP dará a conocer el cálculo del ahorro mínimo para las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, a partir de la base de datos donde se encuentran registradas todas las plazas y tabuladores de la administración pública federal, a fin de incorporarlo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
¿Más? Claro. Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades deberán sujetarse a los Criterios de Austeridad en Servicios Personales: máximo dos subsecretarías por ramo; solo los Secretarios y homólogos podrán contar con particulares y hasta con tres asesores y chofer, y solo ellos podrán tener gabinete de apoyo, además que se eliminan todas las direcciones generales adjuntas.
Solo la Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá las oficinas y representaciones en el exterior, el resto de las dependencias y entidades deberán cerrar todas las oficinas en el exterior y deberán cancelar las plazas respectivas y se eliminan las áreas de equidad y género, comunicación social, asuntos internacionales, para evitar duplicidad de funciones en áreas de servicio.
Hay mucho más, pero para ahorrar espacio debo detenerme aquí.
Si desea usted una segunda parte con todo lo que quedó en el aire, solo dígame y lo sometemos a consulta en algún remoto y oculto sitio de este mi polarizado México…