Este año la primavera llegó a la ciudad de Aguascalientes con destrucción. El 22 de marzo, un incendio mostró la confrontación entre una empresa inmobiliaria y grupos ambientalistas y la relación entre la destrucción ambiental y este negocio.
Los empresarios sospechan de los opositores al cambio de uso de suelo porque no denunciaron el siniestro. Las autoridades ambientales autorizaron el trámite sin conocer el valor patrimonial del sitio. Para los grupos ambientalistas el caso despide un fuerte olor a corrupción e impunidad.
En marzo de 2017, el Colegio de Biólogos entregó a Semarnat la geolocalización de 12 puntos arqueológicos de hasta 11 mil años de antigüedad en el Bosque de Cobos, que junto con la biodiversidad y quizá un meteorito sustentan la iniciativa de proteger el área. Guadalupe Castorena, presidenta del Colegio, dijo que la sociedad civil organizada hace el trabajo de las instituciones, pues la dependencia a cargo del ambiente no tenía esa información, que debía pasar al INAH para que protegiera el sitio.
A principios de febrero de este año, el jefe de vigilancia de la subcuenca Cobos-Parga-San Francisco, Miguel Vázquez Sánchez, dijo en rueda de prensa que la urbanización de esta zona destruiría una continuidad biológica de más de 100 mil años, por lo que debe protegerse. También ambientalista, Agustín Bernal Iguanzo añadió que el manifiesto de impacto ambiental del proyecto tiene información falsa y oculta otra sobre el daño que causaría.
Días después, José Cabral Moreno, representante de Ambiental Consultores, gestor del proyecto, dijo que el oficio 02-604/2016, del 19 de octubre de 2017, autoriza el cambio de uso de suelo de 113.01 hectáreas; y el Programa de Ordenamiento Ecológico que protege las 1,560.04 ha del Bosque de Cobos se publicó el 24 de octubre. El 11 de enero de este año, la Gaceta Ecológica de Semarnat publicó que el proyecto ocupa 124 ha y consta de 11,009 viviendas, aunque según el Manifiesto de Impacto Ambiental 01AG2018FD002 habrá 7,600 viviendas en 17 etapas, con áreas comercial y deportiva y centro barrial. Además, la empresa pagó 244 mil pesos a los arqueólogos del INAH por retirar los restos históricos. Se invertirán 1,250 millones de pesos para generar cinco mil empleos directos e indirectos; GIG Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V. ejecutará el proyecto, respaldado por el Banco Interacciones.
Más tarde, grupos ambientalistas divulgaron que la Semarnat llevará el proyecto a consulta pública, las autoridades estudiarán las propuestas y tomarán la mejor decisión; mientras, el proyecto está suspendido. Rodrigo Vázquez de la Torre, del Banco Interacciones, dijo que la empresa urbanizará, delimitará y venderá los lotes y los compradores construirán las viviendas, pero no convenció a los ambientalistas.
A mediados de marzo, Guadalupe Castorena cuestionó la necesidad de construir viviendas en una ciudad donde abundan casas desocupadas y la deforestación permanece impune. Cobos representa un caso, pero en Villas de Nuestra Señora de la Asunción se destruyó una zona similar, no hay jardines y nadie dice nada.
Luego vino el incendio que destruyó cerca de 32 ha y fue denunciado ante Profepa por Cabral Moreno, quien dijo tener pruebas de que lo provocaron, sin señalar probables responsables. Luis Fernando Muñoz López, titular de Profepa, dijo que presentará una denuncia ante la PGR si encuentra evidencia suficiente. El artículo 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable impide realizar cualquier actividad ajena “a la restauración o al manejo forestal sustentable”, durante 20 años después de un incendio.
Finalmente, Sergio Augusto López Ramírez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Congreso local y diputado por el PVEM, dijo que la Semarnat toma en cuenta la inconformidad de la sociedad civil organizada y puede detener este proyecto. Esto puso nerviosos a los empresarios.
Y así la ciudad se deforesta para construir puentes viales y casas. Un negocio tan rentable como destructivo.