La justicia en Chiapas tiene el rostro de la impunidad y ha sido excelsamente maquillado con tráfico de influencias, corrupción y conflicto de intereses. Es un estado en el que la protección a la mujer no pasa de ser un simple anhelo oculto bajo una espesa capa de odio machista y permeado por la complicidad y manipulación del aparato judicial estatal.
Ahí está el caso de Cristina F., archivado bajo el expediente 951/2011, quien no ha visto a sus hijas desde hace ocho años porque su ex pareja, Jordán Ramírez Méndez, las sustrajo ilegalmente de su casa, pese a que ella tenía la custodia y sin que la jueza del caso haya emitido sentencia ¡en 8 años! Activistas de diversos movimientos sociales en Tuxtla Gutiérrez aseguran que la titular del juzgado Cuarto de lo Familiar en el Distrito Judicial de la capital chiapaneca, Graciela Alcázar Castañón, actúa en favor del señalado porque tiene una relación familiar con el su abogado.
“Él (Jordán) acudió con dicha jueza argumentando con mentiras que las niñas estaban abandonadas y en menos de una semana, sin investigar a fondo, le da la custodia temporal. Lo lamentable de este caso es que la jueza en su momento no actuó bajo el contexto de perspectiva de género, pues nunca investigó dónde estaba la mamá, no se preguntó si fue violentada por haberles sustraído a sus hijos o en el extremo de los casos, no se cuestionó si la mamá pudo haber sido asesinada para quitarle a sus hijos, no, nada de eso sucedió y sin mayor investigación le dio la custodia temporal al padre. Nunca se interesó en qué condiciones fue la sustracción de los niños”, mencionó la activista Karen Diane.
Señala además que pese a los múltiples intentos para llegar a un acuerdo y poder tener contacto con sus hijas “le ha puesto constantes obstáculos. No hay forma que ella pueda apelar, si ni siquiera hay sentencia, lo más triste es que la más pequeña de sus hijas padece de diabetes mellitus y ni así dejan que tenga contacto con ella”.
Lo peor del caso es que un grupo de feministas ha dado seguimiento al caso y han descubierto que la jueza Graciela Alcázar Castañón ha quitado la custodia a varias mujeres y tiene un historial de sentencias o actuaciones con cero perspectiva de género.
Las activistas recuerdan el caso de Gisela Prado Damián, ex pareja de Víctor Albores Hernández, quien ha abusado de su posición como secretario de Juzgado Segundo del Distrito de Amparo y Juicios Federales para arrebatarle sus hijos al grado e impedirle verlos desde hace dos años. De acuerdo con Karen Diane, en este caso, cuyo número de expediente es 1050/2017, es notoria la relación del ex esposo con el aparato judicial y lo grave del tema es que hay dictámenes médicos y psicológicos que demuestran que los hijos son manipulados por su padre. “De alguna manera el ex esposo está manipulando la idea que los hijos tenían sobre la mamá y pese a esos dictámenes no separan a los niños del padre (…) pero el señor por su influencia ha cambiado en tres ocasiones de psicólogo tratando de manipular el caso; incluso el último psicólogo fue demandado penalmente por el dictamen que emitió”.
Por casos como estos, la activista y feminista Patricia Chandomí alertó que en casos donde se denuncia manipulación en los hijos para cambiar la idea sobre la madre es necesario que los jueces tomen en cuenta estudios sobre el Síndrome de Alienación Parental.
En noviembre de 2017, Gisela Prado rompió el silencio a través de redes sociales, mediante un post expuso su caso y todas las irregularidades, su denuncia fue retomada por el grupo de activistas y le comenzaron a dar seguimiento, pero en estos casi dos años lo único que logró fue que le arrebataran a sus hijos y que su ex pareja la acusara de violencia psicológica por dicho post.
Las activistas han investigado diversos casos y se toparon con el proceso de Mayte López cuyo esposo, el senador Noé Castañón Ramírez, abusando de su posición legislativa, le quitó la custodia de sus hijos y no le permite verles. El senador es hijo del ex ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y secretario de Gobierno, Noé Castañón León.
La activista recuerda que la convivencia de los hijos con sus progenitores es un derecho protegido por la Ley; de hecho, el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que si uno de los progenitores tiene la custodia e impide sistemáticamente la convivencia con la otra parte es motivo para modificar la guarda y custodia para que se logre esa convivencia, “entonces no se entiende por qué en Chiapas sigue pasando este tipo de cosas, sobre todo en matrimonios que vienen con un historial violento por parte del hombre. Pero lo más lamentable es que los jueces no apliquen la justicia con verdadera perspectiva de género”, lamentó Karen Diane.
Estos casos y muchos más que se mantienen en el anonimato, es una clara señal de la corrupción que todavía se vive dentro del Poder Judicial de Chiapas: “cuánto dinero tienes, es lo que vales para la justicia y más si eres hombre con poder”.
Antes de despedir esta entrega y ya que hablamos de la tierra de la marimba y los jobos y los nanches, no puedo dejar de pensar en las reflexiones compartidas por uno de mis seis lectores, quien asegura que el flamante secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, al parecer ni sufre ni se acongoja con todo lo que pasa en Chiapas: las cosas se han salido de control en el municipio de San Juan Chamula por la detención de un supuesto líder social de nombre Juan Shilón Gómez, incluso unos bandoleros secuestraron a tres personas para intercambiarlos por el tal Shilón y ni hablar de lo sucedido en Bochil, donde se desató un enfrentamiento con arma de fuego entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo de hombres armados.
Pero el funcionario, presunto responsable de la política interna estatal, le falla a Chiapas y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas ante una pasividad que francamente resulta ofensiva.
“De verdad amigo, créalo… el enemigo del gobernador y de los chiapanecos está en casa”.